En julio de 2022, el judoca alicantino Salva Cases enfrentó un control de dopaje fuera de competición que resultó positivo por Ipamorelina, un estimulante de la hormona del crecimiento. A raíz de este resultado, la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD) le impuso una sanción de cuatro años de inhabilitación y una multa de tres mil euros.

Desde el inicio, Cases defendió su inocencia, denunciando el proceso como «plagado de irregularidades administrativas y falta de garantías». En noviembre, un control realizado por la Federación Internacional arrojó un resultado negativo, lo que le dio más fuerza para apelar.

Recientemente, el Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional falló a su favor, anulando todas las sanciones impuestas por la CELAD. Cases expresó su alivio, afirmando que «la sanción que casi destruye mi vida era totalmente ilegal».

El judoca también compartió el impacto psicológico que sufrió durante estos dos años, mencionando que «pasar de la élite deportiva al fondo de un pozo por una acusación falsa te destruye psicológicamente». Además, lamentó la pérdida de patrocinios y el daño moral que ha sufrido.

Tengo hambre, soy un luchador y voy a demostrar mi nivel allá donde me suba, ya sea un tatami o una jaula".